El derecho a la libertad de prensa deriva directamente de la libertad personal y al igual que el derecho a la libre expresión, tiene como límites no incurrir en fraude, coerción, amenazas e intrusión; la difamación también debe impedirse siempre que pueda determinarse sin duda que una opinión fue expresada con conocimiento de su falsedad y buscando causar daño al posible difamado.
Debe aclararse primero que la descripción de un evento, el relato de un hecho, la selección de fuentes y hechos para una investigación, la redacción de cualquier texto, está influido consciente o inconscientemente por la opinión personal, los afectos filosóficos, la formación moral, las preferencias o prejuicios del autor; es difícil encontrar un texto “imparcial” ya sea en tono, contenido, punto de vista o fuentes elegidos por el autor, con excepción quizá de los textos que versan sobre ciencias exactas. Por ello, las legislaciones que exigen objetividad, imparcialidad, verificación y contraste de hechos y fuentes, piden un imposible y en realidad buscan permitir la censura de individuos y medios.
También son formas de censura indirecta la obligatoriedad de tener un determinado título profesional para ejercer el periodismo, la creación de propaganda estatal y de medios de comunicación públicos, la imposición de cadenas en medios masivos sobre asuntos que no sean de emergencia nacional, la regulación o restricción de información pública, entre otros.
El Movimiento Libertario del Ecuador manifiesta que la libertad de prensa debe ejercerse, protegerse y promoverse activamente, porque no sólo es una libertad que ejercen los profesionales de la comunicación sino la libertad de todos a elegir información de los medios. Deben abolirse las legislaciones que intentar definir en qué consiste la información “veraz”, “verificada”, “contrastada” o similares, y de igual manera debe abolirse toda legislación que regule el funcionamiento de los medios de comunicación. Debe prohibirse la propaganda de todo ente estatal, y al contrario, debe desclasificarse la información pública y desregularse el acceso a esta.
