Nuestras respuestas a las preguntas más frecuentes.
P: ¿Cuál es su plan para lograr que el Ecuador se desarrolle?
R: Esencialmente, cambiar el rol del Estado que actualmente pretende ser empresario, benefactor, regulador, controlador y planificador de la economía y la sociedad; lo cual nos ha traído pobreza, corrupción y desesperanza. En su lugar, proponemos un modelo que le asigne las funciones que realmente puede y debe asumir: Defensa del territorio, defensa del ciudadano y su propiedad frente a agresores internos o externos, administración de justicia y asuntos diplomáticos y de relaciones exteriores. El Estado debe ser habilitador en su función y no competidor de sus propios ciudadanos, y facilitar una provisión del nivel que merecen las familias ecuatorianas en Educación, Salud y Obra Pública, sin ningún temor a introducir incentivos y gestión privada a todo nivel. En el resto de áreas, el Estado será un garante de la propiedad (fruto del esfuerzo de cada ecuatoriano) y los contratos, y así se liberará la creatividad y empuje de los ciudadanos hacia la creación de riqueza, dinamizando la economía y alentando la inversión.
P: ¿Casi la mitad del país es de jóvenes, qué hacer para que haya mejores empleos, salarios y se evite la migración?
R: Una economía que abra a competencia sus sectores clave, que reduzca y elimine impuestos, y que otorgue seguridad jurídica de talla internacional, va a crecer a más del 5-6% anual. Esto es más que suficiente para la creación de empleos, empresas, profesiones y productos que vuelvan a una economía próspera, incluyente y a esa sociedad armónica y solidaria. Países que eran considerados casos perdidos, con la peor imagen y hábitos de trabajo, etc. etc., al hacer reformas como las que proponemos, han dado un salto definitivo hacia el desarrollo. Tenemos todo un mundo por ganar.
P: ¿Cuál es su propuesta para la salud pública?
R: Después de la seguridad, la salud es la principal preocupación de las personas en todo el mundo. Es por eso que la concesión de los hospitales que funcionan mal al sector privado, junto con reformas a) que vuelvan a la salud una tarea de prefecturas y municipios y no del Estado central, b) que se enfoquen en la medicina preventiva, c) que estimulen la conformación de empresas comunitarias (no burocráticas, si no privadas) de medicina prepagada y que d) enfoquen su obligatoriedad vía impuestos solamente en un fondo común para casos extremos (enfermedades de altísimo costo de atención) mientras el país se desarrolla económicamente hasta el punto en que el ciudadano pueda y simplemente desee trabajar con empresas privadas de salud.
P: ¿Y en el caso de la educación, ya que un país no va a ninguna parte si no es educado?
R: Proponemos dos cosas muy simples pero de efectos inmensos para elevar la calidad educativa y disminuir su costo para las familias ecuatorianas. En primer lugar, la educación privada debe dejar lo antes posible de obedecer lineamientos, reglas y exigencias del Ministerio de Educación. De esa forma se ofrecerá variedad de currículos educativos, con énfasis real en arte, ciencia, empresarialismo, computación, etc., respetando la individualidad del estudiante, con costos menores a los actuales y prioridades que la propia comunidad elija. En segundo lugar, debe emitirse bonos educativos que sólo pueden ser usados por los padres de familia para pagar trimestralmente a la escuela o colegio de su elección. De esa forma, los colegios municipales/fiscales competirán en base a resultados y buen trato tanto a alumnos como a padres, por esos bonos escolares. Así los mejores métodos educativos, mejores profesores y mejor uso de los recursos, atraerá más estudiantes y podremos recompensar los mejores comportamientos y castigar la ineptitud o indolencia de unos pocos. La educación fiscal debe pasar de forma rápida a los gobiernos provinciales o municipales, para evitar la ineficacia propia de los sistemas centralizados y burocráticos. Las pruebas de ingreso a las universidades serán un estándar mucho mejor -y no el único- para que los padres puedan comparar calidad en base a un parámetro real y respetuoso de resultados.
P: ¿Por qué el sistema de Seguridad Social actual no funciona?
R: En primer lugar porque no es legítimo obligar a la gente a ahorrar para su vejez. Pero además, en un sistema de reparto como el actual, el dinero del afiliado no se acumula ni se pone en inversiones, si no que se entrega a los jubilados de hoy. De esa forma, se necesita siempre más de 5 personas trabajando por cada jubilado. El crecimiento poblacional simplemente tendría que ser inmenso para que eso fuera sostenible. El sistema de reparto mismo es un error conceptual que ha dado réditos políticos a algunos, que se ha tratado de corregir ya en muchos países. En Colombia el ciudadano puede elegir entre Seguridad Social estatal o una combinación de salud y ahorro. En Chile sólo se deposita en empresas de ahorro privado que compiten libremente. Lo que se logra, además de un sistema más justo, es que ese ahorro ingrese a la economía y el crecimiento sea mucho más rápido con el efecto de que se crearán empleos de más calidad y en general más prosperidad lo cual beneficia tanto a jubilados como al resto de nosotros inmediatamente.
P: ¿Y la beneficencia?
R: La beneficencia debe ser el fundamento del apoyo y la solidaridad en una sociedad libre. En Guayaquil por ejemplo, más del 93% de necesidades de asistencia médica y social en general (huérfanos, ancianos, problemas familiares) se gestiona de forma privada. Esto es realmente virtuoso, pues implica liderazgo (voluntarios y tratos libres) y no jefatura (impuestos, burocracia y órdenes). Una sociedad libre siempre ha sido una de personas generosas y solidarias, como lo demuestra la historia humana en siglos pasados. La confiscación de la virtud por parte del Estado es en sí un grave daño a la sociedad.
P: ¿La seguridad pública, quién la maneja?
R: La delegación ciega de la seguridad al Estado central por parte de la comunidad ha sido un error lamentable. Los sistemas cooperativos de seguridad comunitaria, la seguridad privada y la policía autónoma municipal (que no existe y es nuestra propuesta), son de una eficacia muchísimo mayor como se ha demostrado en todos los países del mundo que conocen estos sistemas. La clave es ante todo que el ciudadano no entregue a ningún órgano lejano a él la función de defensa, pues se queda sin capacidad de exigir resultados y de organizarse en formas comunitarias (es decir, privadas) que llenen cualquier vacío en la provisión del servicio más básico e importante de todos.
P: ¿Entonces quieren que desaparezca el IESS, Andinatel, Pacifictel, ETAPA, EEQ?
R: No estamos particularmente interesados en que desaparezca el IESS, simplemente nos oponemos a que los ciudadanos estén obligados a contribuir. Las personas que quieran contribuir deben poder seguir haciéndolo si así lo desean mientras el resto utiliza otros servicios que en su criterio le atiendan mejor. En el caso de las telefónicas, lo que planteamos es eliminar el monopolio de las mismas. No debería haber prohibición para que cualquier otro operador ofrezca servicios de telefonía fija. Y la prohibición no necesita ser explicita. En sectores como el bancario o el de telecomunicaciones, las trabas legales actuales (leyes supuestamente “pro-consumidor”) alejan la competencia, que es lo que verdaderamente cuida del consumidor.
P: ¿Por qué no están de acuerdo en defender la industria nacional por medio de aranceles y salvaguardas?
R: Porque no es justificable obligar a ninguna persona a comprar tal o cual producto, independientemente de su origen. ¿Es justificable prohibir la entrada de ropa china a muy bajo precio, para apoyar a un grupo de ecuatorianos que producen lo mismo al triple del valor? No. ¿Es conveniente? Tampoco, porque lo que no se invirtió en prendas se pudo invertir en turismo interno o en mejoras de vivienda. Los emprendedores ecuatorianos son extremadamente capaces y pueden adaptarse a cambios, como ha pasado en Chile o El Salvador, ante la competencia mundial. Si queremos empresas de talla mundial, debemos dejar de estar encerrados comercialmente. Esto perjudica a millones de familias ecuatorianas que reciben productos más caros sin ninguna razón justificable.
P: ¿Y entonces, cómo puede el Ecuador competir con países más industrializados como China, Corea del Sur, Brasil, Estados Unidos?
R: Los malos economistas han sembrado una serie de miedos y conceptos errados por años. En realidad la competencia es un proceso de complementación entre empresas y regiones, en que el consumidor gana por partida múltiple. El Ecuador puede competir como en el fútbol, trabajando para mejorar y abriéndose al mundo. De hecho somos competitivos en banano, atún enlatado y flores, pero no lo somos para producir trigo. Simplemente debemos enfocarnos en lo que somos buenos y el resto comprarlo a quien nos brinde mayores ventajas. Así lo hacemos todos a nivel individual, y los países pequeños que lo han entendido como Estonia, El Salvador, Chile, Singapur, son los que han abandonado la pobreza. Si no abandonamos las ideas cómodas y erróneas, no vamos a abandonarla nosotros. Debido a condiciones particulares de ciertos sectores de la economía, y bajo el principio de seguridad jurídica, la apertura a ciertos productos importados sería progresiva, paralela a una apertura agresiva las áreas que afectan internamente la competitividad como electricidad, comunicaciones y el sector financiero, pero bajo ningún aspecto puede tomar más de diez años para la mayor parte de actividades.
P: ¿Cómo piensan resolver el problema de la injusta distribución de riqueza en el país?
R: Comencemos con el concepto de justicia. Justicia significa darle a cada cual lo que le corresponde, de manera que si alguien trabaja más, con mayor eficiencia y creatividad, es justo que reciba más que aquel que pone poco interés y esfuerzo. Evidentemente existen injusticias históricas en que ciertos grupos perjudicaron (y gracias al Estado y sus fondos gigantes sin dueño siguen haciéndolo) a otros. Pero una injusticia no se arregla con otra. Lo que se debe lograr es un sistema de capitalismo popular e incluyente, que tome en cuenta al ciudadano como creador de riqueza, no como sujeto receptor de dádivas ni de reivindicaciones totalmente fuera de tiempo y de lugar.
Además, dos hechos fundamentales: 1) Con la débil economía que nos han legado décadas de intervencionismo estatal y corrupción, lo único que se puede distribuir en nuestro país –porque hay bastante- es la pobreza. Necesitamos aligerar la carga del Estado y hacia el Estado, de forma que los individuos puedan desarrollarse sin mayores impedimentos y los gobiernos se dediquen solo a competencias limitadas y bien definidas. Incluso la China gobernada por el Partido Comunista ya es un país más capitalista (libre e innovador) que el Ecuador. 2) Estudios realizados en distintos países del mundo demuestran que las diferencias de ingreso entre las porciones más adineradas y las más pobres, es menor en aquellas naciones que tienen las economías más libres. En los países más capitalistas, la diferencia entre el 20% (relativamente) más pobre y el 20% más rico es de 14 veces. En paises altamente intervenidos por el Estado, como el nuestro, la diferencia es de 32 veces. La “competencia salvaje” les obliga a los más grandes a ofrecernos productos y empleos mejores cada año, sin remedio.
P: ¿Qué hacer con los impuestos? ¿Cómo proponen que debe manejarse ese tema?
R: Proponemos que deje de desmotivarse a los más emprendedores y tesoneros. El Ecuador tiene un nivel de impuestos directos e indirectos con los cuales ni Estados Unidos ni Suecia, por ejemplo, se hubieran podido desarrollar. Ambos países no tenían impuesto a la renta y tenían un gasto público bajísimo (menos del 10% del PIB) para poder despegar de la pobreza. En nuestro país el IVA debería reemplazar (no coexistir con) el Impuesto a la Renta. Lo mínimo que se debe hacer en ese sentido es reducirlo al 10% para que miles de empresas ya no necesiten hacer doble contabilidad ni hacer una gran parte de sus operaciones al margen de la ley. El 15% obligatorio de reparto de utilidades es un residuo de la mentalidad socialista, que piensa que no debe premiarse la productividad vía salarios reales si no que debe exigirse obligatoriamente dicho reparto. Eso aleja inversión internacional latinoamericana y mundial. Los trabajadores van a recibir muchos más beneficios en el mediano plazo aunque se den esos cambios que en mera apariencia pueden parecer duros. Lo verdaderamente antipopular es sacrificar el bienestar de largo plazo por obtener “conquistas” anti-producción, anti-inversión y anti-empleo.
