En los países desarrollados el 75% de toda la IED (Inversión Extranjera Directa) se genera en ellos por su alta protección de los derechos de propiedad. Al vulnerar este derecho, que es reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no se conseguirá desarrollo económico y por el contrario se desincentivará la inversión nacional y extranjera.
Contrario al gasto innecesario en el que se incurriría, demandamos exoneraciones fiscales y mecanismos adicionales para fomentar el ingreso de universidades extranjeras para que establezcan proyectos de enseñanza e investigación en el país no limitados a un solo espacio.
Pedimos también que se reduzca la excesiva regulación de las universidades privadas y que se invite a 20 de las mejores universidades del mundo, para que distribuidas en distintas provincias generen sinergias locales entre ciudadanos, empresa e institución educativa. El ejemplo es Singapur, donde en un territorio más pequeño y con menos recursos naturales que el nuestro, aprovecha la presencia de 120 universidades internacionales de excelente calidad.
No deberíamos tener una ciudad del conocimiento sino un país del conocimiento.
